El 30 de julio de 2009, nos preguntábamos en este mismo Blog (http://las-heteronomas.blogspot.com/2009/07/tenemos-poder-judicial-en-la-republica.html) , si teníamos Poder Judicial en el país. Y señalamos que la Corte Suprema de Justicia se encontraba frente a un estado generalizado de desobediencia a sus decisiones y sujeción económica al Consejo de la Magistratura.
Ahora debemos reiterar nuevamente nuestras dudas sobre la independencia del Poder Judicial por lo ocurrido con la Jueza María José Sarmiento, a quien por una decisión dentro de sus facultades que dictó contra una disposición del Poder Ejecutivo, para cuyo cumplimiento -que fue reponer en sus funciones al Presidente del Banco Central de la República–, habilitó horas inhábiles del día viernes 8 de enero -y sólo para esto- pues la diligencia pudo cumplirse recién a las 17 hs., fue “confundida” por el Ministro Jefe de Gabinete, abogado él, con una farmacéutica de turno, la cual debía recibirle el escrito de apelación contra su decisión en cualquier momento dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, y por tanto –según los “conocimientos jurídicos” del funcionario- permanecer en su despacho desde el viernes por la tarde hasta el lunes al mediodía, para que el P.E. presentara su escrito. Como tan “novedosa” interpretación de una “habilitación de horas inhábiles”, que en derecho conllevan un objeto, -que en el caso se cumplió al poner en funciones al restituido Lic. Pérez Redrado- el Ministro Coordinador le estacionó un patrullero frente a su domicilio particular durante buena parte del día sábado 9 de enero y mandó a un subcomisario a entregarle, cual si fuera una citación por un delito cometido por la jueza, el dichoso escrito de apelación, el cual con adecuado criterio la Dra. Sarmiento rechazó e informó que el plazo para recurrir de las decisiones comenzaba a correr el DÍA HÁBIL siguiente a su dictado tal como dispone el Código Procesal: es decir el lunes 11 de enero.
Mientras esto ocurría por televisión, la archiconocida diputada Diana Conti miembro de la Comisión de Acusación de Magistrados del Consejo de la Magistratura amenazaba a Sarmiento con un “estoy segura que va a tener que rendir cuentas” y un menos valeroso magistrado, integrante de la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones que deberá pronunciarse en la sentencia emitida por la Dra. Sarmiento: el Dr. Carlos Grecco, recibía la famosa apelación, quedando en duda donde lo hizo ¿en su casa ante la presentación de un policía como se pretendió con la Jueza? O en el Tribunal al que asistió ¿a pedido telefónico del algún miembro del P.E.?
Lo cierto es que este lunes la magistrada se pronunció en el recurso y señaló que debía dársele el curso de juicio –no de medida cautelar- con lo que se alargo por tres días el plazo para que lo resuelva en definitiva. En el ínterin recibió el apoyo de la “Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional”, y una lista de las que compiten por el gobierno del “Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal”, para lo que los letrados votarán en el mes de abril, se presentó ante esa entidad rectora de la actividad de los abogados en esta capital a pedir la aplicación de sanciones disciplinarias al abogado Aníbal Fernández por la falta de la consideración debida a un Magistrado de la Nación, por la persecución policial efectuada a su requerimiento y la desvalorización, de palabra, que realizó respecto de la Dra. Sarmiento.
Ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, hicieron público ningún repudio al actuar del Ejecutivo, ningún respaldo a la valiente actitud de la magistrada victima de la violencia política y la falta de respeto a su investidura.
El reaccionar en respaldo de un magistrado no es avalar su decisión, que puede ser revocada, sino defender y reafirmar la independencia de un Poder del Estado. El silencio, fundamentalmente de la Corte, hace que se siga tratando a miembros del Tercer Poder de la República de un modo que ni a un empleado de acosado por su empleador, se lo permitirían a este último los mismos tribunales.
Por lo demás no podemos olvidar que al día de la fecha, y mediando una nueva decisión posterior a julio de 2009, la Corte no ha conseguido que el gobierno de la Provincia de Santa Cruz obedezca su orden de reponer en su cargo de Procurador general de la provincia, luego de 14 años al Dr. Eduardo Sosa.
Sres. Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¿QUÉ ESPERAN PARA ASUMIR COMO PODER?
Ahora debemos reiterar nuevamente nuestras dudas sobre la independencia del Poder Judicial por lo ocurrido con la Jueza María José Sarmiento, a quien por una decisión dentro de sus facultades que dictó contra una disposición del Poder Ejecutivo, para cuyo cumplimiento -que fue reponer en sus funciones al Presidente del Banco Central de la República–, habilitó horas inhábiles del día viernes 8 de enero -y sólo para esto- pues la diligencia pudo cumplirse recién a las 17 hs., fue “confundida” por el Ministro Jefe de Gabinete, abogado él, con una farmacéutica de turno, la cual debía recibirle el escrito de apelación contra su decisión en cualquier momento dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, y por tanto –según los “conocimientos jurídicos” del funcionario- permanecer en su despacho desde el viernes por la tarde hasta el lunes al mediodía, para que el P.E. presentara su escrito. Como tan “novedosa” interpretación de una “habilitación de horas inhábiles”, que en derecho conllevan un objeto, -que en el caso se cumplió al poner en funciones al restituido Lic. Pérez Redrado- el Ministro Coordinador le estacionó un patrullero frente a su domicilio particular durante buena parte del día sábado 9 de enero y mandó a un subcomisario a entregarle, cual si fuera una citación por un delito cometido por la jueza, el dichoso escrito de apelación, el cual con adecuado criterio la Dra. Sarmiento rechazó e informó que el plazo para recurrir de las decisiones comenzaba a correr el DÍA HÁBIL siguiente a su dictado tal como dispone el Código Procesal: es decir el lunes 11 de enero.
Mientras esto ocurría por televisión, la archiconocida diputada Diana Conti miembro de la Comisión de Acusación de Magistrados del Consejo de la Magistratura amenazaba a Sarmiento con un “estoy segura que va a tener que rendir cuentas” y un menos valeroso magistrado, integrante de la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones que deberá pronunciarse en la sentencia emitida por la Dra. Sarmiento: el Dr. Carlos Grecco, recibía la famosa apelación, quedando en duda donde lo hizo ¿en su casa ante la presentación de un policía como se pretendió con la Jueza? O en el Tribunal al que asistió ¿a pedido telefónico del algún miembro del P.E.?
Lo cierto es que este lunes la magistrada se pronunció en el recurso y señaló que debía dársele el curso de juicio –no de medida cautelar- con lo que se alargo por tres días el plazo para que lo resuelva en definitiva. En el ínterin recibió el apoyo de la “Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional”, y una lista de las que compiten por el gobierno del “Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal”, para lo que los letrados votarán en el mes de abril, se presentó ante esa entidad rectora de la actividad de los abogados en esta capital a pedir la aplicación de sanciones disciplinarias al abogado Aníbal Fernández por la falta de la consideración debida a un Magistrado de la Nación, por la persecución policial efectuada a su requerimiento y la desvalorización, de palabra, que realizó respecto de la Dra. Sarmiento.
Ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, hicieron público ningún repudio al actuar del Ejecutivo, ningún respaldo a la valiente actitud de la magistrada victima de la violencia política y la falta de respeto a su investidura.
El reaccionar en respaldo de un magistrado no es avalar su decisión, que puede ser revocada, sino defender y reafirmar la independencia de un Poder del Estado. El silencio, fundamentalmente de la Corte, hace que se siga tratando a miembros del Tercer Poder de la República de un modo que ni a un empleado de acosado por su empleador, se lo permitirían a este último los mismos tribunales.
Por lo demás no podemos olvidar que al día de la fecha, y mediando una nueva decisión posterior a julio de 2009, la Corte no ha conseguido que el gobierno de la Provincia de Santa Cruz obedezca su orden de reponer en su cargo de Procurador general de la provincia, luego de 14 años al Dr. Eduardo Sosa.
Sres. Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¿QUÉ ESPERAN PARA ASUMIR COMO PODER?