La Peste. La Guerra
La epidemia de Dengue, ha sensibilizado a muchos con respecto a las personas que están enfermando y muriendo en las provincias del noreste y noroeste argentino. En este momento para suerte de autoridades nacionales y provinciales, que muy descuidadamente trataron a este mal, el fantasma de la llegada a nuestro territorio de la “Gripe Porcina”, respecto a la cual se alerta por todos los medios de comunicación en forma cotidiana a la población y los constantes informes y alertas de la OMS, hace que ni siquiera con sordina se escuche sobre que el dengue sigue enfermando gente.
¿Y por qué sigue enfermándose la gente? Porque se desato una peste -controlada y erradicada de nuestro país en la década del 60’ del Siglo XX- , causada por un mosquito el “Aedes Aegypti”, cuya picadura enferma de Dengue y este no se cura, sólo hay que rogar que no vuelva a picar otro mosquito de esa especie infectado, porque la enfermedad puede transformarse en mortal si deriva hacia la variante hemorrágica.
Si esta enfermedad fue erradicada, quien lea esto se preguntará porqué volvió. Y la respuesta es clara volvió porque los desmontes y la tala en Provincias como el Chaco y Salta han destruido el ecosistema en el cual otros animales -como los sapos- se comían a los depedradores mosquitos. Además que en lugar de selvas como la de las yungas salteñas se encuentren ahora aguas estancadas, así como aguas pútreas en hondonas producidas en cerros por las mineras y petroleras que en pos de la “producción” han ejecutado actos de destrucción para “abrir"montañas con dinamita. Y esas aguas hoy descompuestas, son el resultado de tórridas lluvias como la de enero de 2009, que produjo el alud de Tartagal, causas que comentara en el “Portal Norte del Bermejo” (http://nortedelbermejo.com.ar/noticias-de-tartagal/tartagal-2006-2009-y-la-recurrencia-d-nde.html ) el Geólogo Carlos Seara con la explotación forestal los suelos de la zona de yungas “se compactan o destruyen por el tránsito de vehículos e implementos pesados; desaparece el sotobosque; las lluvias que antes alcanzaban el suelo luego de atravesar el paraguas del bosque, se precipitan contra aquél de manera violenta, acelerando el proceso de erosión”.
Este desastre que alcanzó a la capital del Departamento de San Martín en Salta, excedió lo que los gobiernos sucesivos de Provincias y Nación venían permitiendo el desmote de tierras a las que siguen denominado “fiscales”, cuando en realidad se trata de territorios habitados ancestralmente por comunidades originarias, a las que mucho no les ha importado quitarles su hábitat, ya que desde 1994, con la reforma de la Constitución Nacional en su Artículo 75 Inciso 14 el Congreso Nacional debe:… “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”, y en las tierras que ya deberían haberse entregado como mucho diez años después de puesta en vigencia la nueva Constitución Nacional en 2006 y 2007, los Gobiernos de Chaco y Salta otorgaban permisos de desmonte aún cuando existen juicios iniciados por el reconocimiento del derecho a la propiedad de las tierras por parte de los aborígenes. Pero ni aún con sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenando el cese del desmonte los Poderes Provinciales cumplen y si lo hacen es muy parcialmente, como por ejemplo en Chaco que con la ley Nº 6302 publicada el 13 de abril de 2009, declaró la emergencia forestal por 180 días a partir de su promulgación, y autorizó al P.E. a “dar tratamiento técnico y administrativo, en el marco de la normativa vigente y en atención a la emergencia forestal, a las solicitudes de permisos forestales presentados o a presentarse ante la Dirección de Bosques de la Provincia”. Pero eso sí excluyendo de esa facultad a los permisos de desmonte. Es decir tala sí. Tampoco en Salta se cumplió la orden de la Corte Nacional, ya que los caciques de la zona de Tartagal, siguen denunciando –eso sí por los medios de comunicación ya que como en Chaco la Policía no toma sus denuncias- que el desmonte continúa. Es decir que los permisos otorgados por el gobernador Romero en 2007, siguen teniendo vigencia para el Gobernador Urtubey, presentado en las elecciones de ese año como opositor a Romero. De esto el país se enteró por Greenpeace a través de Hernán Giardini, coordinador e la campaña de bosques de la entidad quien dijo que "teniendo en cuenta que la deforestación es una de las principales causas del desastre en Tartagal y que los desmontes están afectando seriamente a las comunidades indígenas que los habitan, esperamos que el gobernador Urtubey termine con los desmontes y presente un Ordenamiento Territorial que contemple las evaluaciones y las opiniones de las organizaciones ambientalistas y de las comunidades que habitan los bosques"(http://noticias.iruya.com/content/view/23839/412 ).
Pero si bien la guerra solapada, silenciosa que se sigue desarrollando desde el poder – en verdad desde el económico que es el Verdadero mientras la ambición por el dinero de los que se consideran “blancos” no cese- contra los dueños primigenios de las tierras, a los que no importa matar por hambre y sed o pestes, si importan los votos de quienes están documentados, las poblaciones criollas cercanas a las comunidades indígenas, por lo que tras el alud de Tartagal inmediatamente el Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley de Bosques que se había promulgado un año atrás, y respecto de cuya reglamentación se guardaba el más absoluto silencio pese a las innumerables campañas requiriéndoles por mail y teléfono tanto al jefe de gabinete Massa, como a la presidente Cristina Fernández la sanción del respectivo decreto.
La epidemia de Dengue, ha sensibilizado a muchos con respecto a las personas que están enfermando y muriendo en las provincias del noreste y noroeste argentino. En este momento para suerte de autoridades nacionales y provinciales, que muy descuidadamente trataron a este mal, el fantasma de la llegada a nuestro territorio de la “Gripe Porcina”, respecto a la cual se alerta por todos los medios de comunicación en forma cotidiana a la población y los constantes informes y alertas de la OMS, hace que ni siquiera con sordina se escuche sobre que el dengue sigue enfermando gente.
¿Y por qué sigue enfermándose la gente? Porque se desato una peste -controlada y erradicada de nuestro país en la década del 60’ del Siglo XX- , causada por un mosquito el “Aedes Aegypti”, cuya picadura enferma de Dengue y este no se cura, sólo hay que rogar que no vuelva a picar otro mosquito de esa especie infectado, porque la enfermedad puede transformarse en mortal si deriva hacia la variante hemorrágica.
Si esta enfermedad fue erradicada, quien lea esto se preguntará porqué volvió. Y la respuesta es clara volvió porque los desmontes y la tala en Provincias como el Chaco y Salta han destruido el ecosistema en el cual otros animales -como los sapos- se comían a los depedradores mosquitos. Además que en lugar de selvas como la de las yungas salteñas se encuentren ahora aguas estancadas, así como aguas pútreas en hondonas producidas en cerros por las mineras y petroleras que en pos de la “producción” han ejecutado actos de destrucción para “abrir"montañas con dinamita. Y esas aguas hoy descompuestas, son el resultado de tórridas lluvias como la de enero de 2009, que produjo el alud de Tartagal, causas que comentara en el “Portal Norte del Bermejo” (http://nortedelbermejo.com.ar/noticias-de-tartagal/tartagal-2006-2009-y-la-recurrencia-d-nde.html ) el Geólogo Carlos Seara con la explotación forestal los suelos de la zona de yungas “se compactan o destruyen por el tránsito de vehículos e implementos pesados; desaparece el sotobosque; las lluvias que antes alcanzaban el suelo luego de atravesar el paraguas del bosque, se precipitan contra aquél de manera violenta, acelerando el proceso de erosión”.
Este desastre que alcanzó a la capital del Departamento de San Martín en Salta, excedió lo que los gobiernos sucesivos de Provincias y Nación venían permitiendo el desmote de tierras a las que siguen denominado “fiscales”, cuando en realidad se trata de territorios habitados ancestralmente por comunidades originarias, a las que mucho no les ha importado quitarles su hábitat, ya que desde 1994, con la reforma de la Constitución Nacional en su Artículo 75 Inciso 14 el Congreso Nacional debe:… “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”, y en las tierras que ya deberían haberse entregado como mucho diez años después de puesta en vigencia la nueva Constitución Nacional en 2006 y 2007, los Gobiernos de Chaco y Salta otorgaban permisos de desmonte aún cuando existen juicios iniciados por el reconocimiento del derecho a la propiedad de las tierras por parte de los aborígenes. Pero ni aún con sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenando el cese del desmonte los Poderes Provinciales cumplen y si lo hacen es muy parcialmente, como por ejemplo en Chaco que con la ley Nº 6302 publicada el 13 de abril de 2009, declaró la emergencia forestal por 180 días a partir de su promulgación, y autorizó al P.E. a “dar tratamiento técnico y administrativo, en el marco de la normativa vigente y en atención a la emergencia forestal, a las solicitudes de permisos forestales presentados o a presentarse ante la Dirección de Bosques de la Provincia”. Pero eso sí excluyendo de esa facultad a los permisos de desmonte. Es decir tala sí. Tampoco en Salta se cumplió la orden de la Corte Nacional, ya que los caciques de la zona de Tartagal, siguen denunciando –eso sí por los medios de comunicación ya que como en Chaco la Policía no toma sus denuncias- que el desmonte continúa. Es decir que los permisos otorgados por el gobernador Romero en 2007, siguen teniendo vigencia para el Gobernador Urtubey, presentado en las elecciones de ese año como opositor a Romero. De esto el país se enteró por Greenpeace a través de Hernán Giardini, coordinador e la campaña de bosques de la entidad quien dijo que "teniendo en cuenta que la deforestación es una de las principales causas del desastre en Tartagal y que los desmontes están afectando seriamente a las comunidades indígenas que los habitan, esperamos que el gobernador Urtubey termine con los desmontes y presente un Ordenamiento Territorial que contemple las evaluaciones y las opiniones de las organizaciones ambientalistas y de las comunidades que habitan los bosques"(http://noticias.iruya.com/content/view/23839/412 ).
Pero si bien la guerra solapada, silenciosa que se sigue desarrollando desde el poder – en verdad desde el económico que es el Verdadero mientras la ambición por el dinero de los que se consideran “blancos” no cese- contra los dueños primigenios de las tierras, a los que no importa matar por hambre y sed o pestes, si importan los votos de quienes están documentados, las poblaciones criollas cercanas a las comunidades indígenas, por lo que tras el alud de Tartagal inmediatamente el Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley de Bosques que se había promulgado un año atrás, y respecto de cuya reglamentación se guardaba el más absoluto silencio pese a las innumerables campañas requiriéndoles por mail y teléfono tanto al jefe de gabinete Massa, como a la presidente Cristina Fernández la sanción del respectivo decreto.
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