¿Tenemos Poder Judicial en la República Argentina?

En estos días en que se discute si habría que reformar la "Ley del Consejo de la Magistratura" Nº 24.937 –órgano creado a partir de la reforma constitucional de 1994 para la selección de jueces y enjuiciamiento de los mismos, excepto los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- por la cual, después de la reforma impulsada por la entonces Senadora Cristina Fernández (ley 26.080), los dos tercios para sus decisiones fundamentales necesitan indispensablemente el voto de los “oficialistas” –léase quienes responden al Poder Ejecutivo de turno- que ocuparán cuando menos cuatro sitios por el Congreso Nacional ( Art. 2 Inc. 2. Seis legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría.) y uno por el Poder Ejecutivo (Art. 2 Inc.4. Un representante del Poder Ejecutivo). Cinco miembro sobre trece, sin cuyo voto nunca se lograrían los dos tercios –número entero inmediatamente superior a la suma de los dos tercios matemáticos-, cabe preguntarse que independencia pueden tener los Jueces Nacionales de Primera y Segunda Instancia para entender en demandas contra el Gobierno o sus funcionarios, si ellos mismos están sujetos a cualquier tipo de acusación ante este ¿nuevo órgano judicial?, y a presentarse a concursos ante él, si desean ascender en su carrera. Ayer por radio la Diputada Conti, integrante del Consejo –oficialista ella- manifestó que había votado contra un ascenso porque el candidato se había desempeñado en el Poder Judicial durante los años de la dictadura , pero no aclaró que no fue como Juez, así que bien pudo ser un empleado común sin ningún poder de decisión –la mayor parte de los magistrados inicia su carrera como empleado “pinche”, cosiendo expedientes en una Mesa de Entradas de un Juzgado- ¿será este un método objetivo de valorar un candidato?
Por lo demás los artículos 16 a 20 de su ley orgánica, le dan al Consejo un control de “Superintendencia”, sobre el presupuesto del Poder Judicial con procedimiento incluido, es decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también se ve constreñida en el uso de los fondos que integran su presupuesto a la opinión de este ¿SuperJudicialis?
Lo reseñado sólo es una muestra. Veamos ahora que ha sucedido en casos emblemáticos en los que el Poder Judicial

–La Corte- se ha pronunciado:
1.- Caso del Procurador General de la Provincia de Santa Cruz, quien enfrentado al gobierno provincial -por cumplir con su tarea- en 1995 tomó vacaciones y cuando regresó se encontró con que el Gobernador Néstor Kirchner había “dividido el cargo en dos" y ¡sorpresa! él no ocupaba ninguno. Con su exigencia de ser reintegrado a su cargo, llegó por apelaciones sucesivas, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que en el año 2000 ordenó a la Provincia de Santa Cruz que lo repusiera; pues había sido declarado cesante por un mecanismo legal inadecuado, ya que no se había respetado el principio constitucional que garantizaba su inamovilidad. Tal fue el grado de obediencia del gobierno provincial que el 2 de octubre de 2001, el máximo tribunal de la República se vio obligado a dictar una nueva sentencia sobre el tema, lo que significaba consolidar la independencia de la Justicia frente al poder político y a cualquier otro factor que pretendía condicionarla ([1]). El fin de la historia: nunca fue repuesto le ofrecieron una indemnización millonaria que Eduardo Sosa no aceptó y hoy el caso se ventila ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la denuncia, el CELS acusó a la provincia de violar "los derechos y garantías" del ex funcionario y de mantener "una situación que implica la afectación de la independencia del Poder Judicial y de debilitamiento del Estado de Derecho ([2])
2.- Caso de la prohibición de tala y desmonte de bosques en cinco Departamentos de la Provincia de Salta: la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia el 26 de marzo de 2009 donde referiría que ya había ordenado el 29 de diciembre de 2008, el cese provisional de los desmontes y talas de bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados por la Provincia de Salta durante el último trimestre del año 2007, y que no podía acceder al pedido de los abogados del gobierno provincial a autorizar desmontes mientras se dilucidaba el juicio iniciado por varias comunidades Wichis, "pudiendo después revocarse las autorizaciones, y eventualmente reparar o mitigar los perjuicios sufridos por quienes las hubieran obtenido, recurriendo para ello a aportes provenientes del "Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos" -como proponían- ya que se estaba ante una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Y que este perjuicio, de producirse, sería además irreversible, porque no habría manera alguna de volver las cosas a su estado anterior ([3]). Pero la realidad es que NUNCA SE DETUVO LA TALA EN SALTA, NI SIQUIERA AL DIA DE HOY, pues la IMPUNIDAD no respeta ni a la Corte Suprema ([4])
3.- Casos de muerte por desnutrición de miembros de comunidades Wichis de la Provincia del Chaco: el Supremo Tribunal de la Republica en marzo de 2009 dispuso que los estados nacional y provincial en 30 días debían fijar planes de contención y asistencia a las poblaciones indígenas de El Impenetrable. La decisión del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni fue el resultado de una medida cautelar presentada dos años antes por el entonces Defensor del pueblo de la Nación ([5]). A la fecha, no solo los aborígenes sufren de hambre, desnutrición, leishmaniasis, y otras enfermedades, sino que el estado de abandono se ha ampliado a la población en general de la Provincia del Chaco ([6]). No se obedece a la Corte y como dice Mempo Giardinelli: “En alguna oficina el ministro de Salud de esta provincia seguirá negando todo esto, mientras el gobernador se prepara para ser senador y vivir en Buenos Aires, bien lejos de aquí, como casi todos los legisladores. ¡Nunca antes, el Chaco ni este país me habían dolido tanto!”([7] )
¿HAY PODER JUDICIAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA?

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[1] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=345507
[2] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=928403; http://www.estenssorome.com.ar/blog/2007/07/24/eduardo-sosa-ex-procurador-general-de-santa-cruz-mi-antecedente-puede-ser-muy-peligroso
[3] CSJN causa: "S.1144. XLIV. ORIGINARIO: "Salas, Dino y otros c/ Provincia de Salta y Estado Nacional s/ amparo" (Secretaría de Juicios Originarios)
[4] http://nortedelbermejo.com.ar//noticias-de-tartagal/salta-empresarios-madereros-presionan-al-gobierno-amenazando-con-suspensiones-ma-2.html ; http://nortedelbermejo.com.ar//noticias-de-tartagal/tartagal.-la-impunidad-no-respeta-ni-a-la-corte-suprema.-siguen-desmon-2.html
[5] http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=32158
[6] http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=26986
[7] http://www.facebook.com/inbox/readmessage.php?t=1083670780410#/note.php?note_id=99244554835

Mujeres Controladas. Mujeres Controladoras

Este tema cobró actualidad con dos hechos bien diferentes. Por un lado la Licenciada en Matemáticas Graciela Bevacqua ex Directora de Medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), luego de dos años desde que fue desplazada de su cargo por el actual Gobierno, y unos seis meses después de renunciar a desempeñarse como “empleada de Biblioteca del INDEC”, rompió el silencio y habló de la persecución a la que fue sometida por negarse a no reflejar los aumentos de precios en el índice a su cargo y mantener el secreto respecto de los comercios “medidos”, la desvalorización jerárquica sufrida y los trastornos psicofísicos que todo ello le acarreó[1]. Por otro, el escándalo que se produjo cuando el Economista Diego Bossio fue nombrado Director Ejecutivo del ANSES, y se conoció que su esposa es Valeria Loira la hasta hoy Síndico General Adjunta de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo encargado de la vigilancia de los actos de los Funcionarios del Poder Ejecutivo, y que tanto Bossio como Loira no encontraban que existiera ningún impedimento jurídico o moral para que ella lo controlara a él, quien manifestó que “su esposa sabía controlar muy bien”.

Tuvo que iniciarse una denuncia penal por parte del abogado Monner Sans, quien señaló normas jurídicas por las cuales está vedado que en la función pública un cónyuge sea controlante de los actos públicos del otro, para que la Dra. Loira decidiera presentar su renuncia, no indeclinable sino “a consideración” de la Presidente de la Nación, quien se la aceptó[2].
Y como señalamos en el título, en la Administración Pública se han dado con anterioridad, casos de mujeres controladoras y también de mujeres controladas

Controladas lo utilizamos como sinónimo de perseguidas, o acosadas moralmente para que abandonen sus puestos porque con su honestidad resultaban peligrosas para la cúpula política. Así a más de Bebacqua, tenemos a la Subinspectora General de Justicia María Cristina Giuntoli, una abogada que había realizado toda la carrera administrativa y ganado el concurso para el cargo que desempeñaba en la Inspección General de Justicia, a lo largo de más de treinta años de servicios cuando el nuevo gobierno la desplazo del mismo sin razón alguna en setiembre de 2003, y que tras ganarle a éste una medida precautoria fue “repuesta”, fijándosele su despacho en un archivo donde no existían oficinas, totalmente alejado de su organismo de pertenencia (IGJ), donde se registran y controlan importantes sociedades[3]. O el caso de Nélida Videla Sánchez, Interventora de la Dirección de Pesca de la Secretaría de Pesca de la Nación, quien fue removida de su cargo y perseguida hasta impedírsele jubilar por involucrarla como responsable, en una denuncia efectuada por ella misma por irregularidades en la concesión de licencias de pesca[4]. A Videla Sánchez se la involucró como imputada en su propia denuncia, a Bevacqua, se le inició acción penal por “Estafa al Estado”, por haber permitido que cobrara su sueldo un empleado dependiente de su Dirección que no asistía a su trabajo. Esto merece una reflexión, no es tarea de un Director verificar la asistencia diaria del personal de la Dirección, sino una función delegada al jefe directo del empleado o a la oficina de recursos humanos respectivos Y a Giuntoli –según denuncia en su juicio contra el Estado- intentaron iniciarle siete sumarios falsos, justamente entre ellos uno por haber permitido el cobro de sueldo de un empleado que no trabajaba, para esto se presionó sobre dos funcionarias de nivel medio, una de las cuales resultó finalmente sancionada sin que hubiera causas reales para ello. Estas dos funcionarias -comento la ex Subinspectora-, fallecieron por cáncer, una poco después de cerrado el sumario en 2004 y la otra en fecha reciente.
Claro estas tres mujeres -y si agregamos a las dos funcionarias presionadas para que Giuntoli fuera sumariada, serían cinco mujeres- no tenían esposos que se desempeñaran en cargos políticos oficialistas por lo que su persecución fue despiadada.
En cambio Loira sí, y también su antecesora la abogada Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido Superministro de Producción -tanto de Néstor como de Cristina Kirchner- a quien debía controlar como Sindica Adjunta[5]. Se sabe que la Sra. de De Vido, quien renunció al iniciar su mandato la actual presidente, hoy le maneja la agenda a su esposo en el ministerio a cargo de este. Valeria Loira de Bossio seguramente no hará eso, pues como ha sido Secretaria Administrativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, cuando estaba a su frente la Senadora Fernández de Kirchner, y luego inmediatamente llevada por ésta -al asumir como Presidente de la Nación- a la SIGEN, pasará a otro cargo, y nos permitimos pensar que su reemplazante será María Belén Franchini, otra Asesora de la Sra. de Kirchner en el Senado, tan amiga de la Presidente y de Loira que ésta última la llevó como asesora suya a la SIGEN.

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[1] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1146904
[2] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1150748&pid=6887368&toi=6275
[3] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=561149
[4] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=596684
[5] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1135609

Agua, Jabón y Cal

Hace cincuenta y tres años, una terrible epidemia afectaba a casi toda la República Argentina, con excepción de los territorios del Sur Patagónico, era la POLIOMIELITIS , que dejó a casi 6000 niños de entre 1 y 15 años inválidos y en muchos casos dependiendo por el resto de su vida de un pulmotor para respirar y se llevó a unos mil.
Esa epidemia comenzada en marzo del 56’, fue combatida heroicamente por las mujeres, las madres de todas las clases sociales con las armas del agua y el jabón: limpiando varias veces al día todos los objetos que se tocaban en las casas y las manos de sus hijos pequeños cada poco rato, exigiendo la misma limpieza a todos los que entraban a la casa. Juntas se vieron en “Barrio Norte” a la Señora de la casa y a su empleada, lavando la vereda con agua y jabón. En las Villas de Emergencia a las madres lavando constantemente a sus hijos con agua y jabón así como toda sus ropas y al hombre o los “pibes” de la casa pintando con cal el interior de la “casilla” y la tierra apisonada de la vereda, así como en los barrios también se daba la mano de cal a árboles y frentes de las casas.
En aquél entonces no se conocía nada de biotecnología, ni de antivirales o geles desinfectantes, pero el uso del agua y el jabón, el barato en polvo o el pan amarillo, mataron el virus permitiendo el control y desaparición de la polio.
Hoy que el nuevo Ministro de Salud es contradicho en su primer informe por la Presidente de la Nación, -y que además carga sobre su espalda la denuncia de haber alterado favorablemente en la Provincia de Tucumán los índices de mortalidad infantil-, así como que muchos médicos en los medios de comunicación efectúan recomendaciones diferentes, el sentido común de las madres del 56’ hoy abuelas, nos recuerda que nunca ha perdido eficacia el remedio utilizado entonces.
Y por ello decimos a nuestros lectores: AGUA y JABÓN, para lavarnos las manos, para lavar las veredas –el detergente no es tan eficaz, demasiado refinado- para lavar todos los utensilios que toquemos y los juguetes de los chicos. CAL en los árboles y los frentes. Si es posible lavar las veredas por la mañana y al caer la tarde –los encargados de edificios también son padres y si hay que ayudarlos en la segunda lavada pongamos "los consorcistas" manos a la obra- y en las Villas también agua y jabón, si no se tiene: RECLAMAR AL JEFE COMUNAL SU ENTREGA DIARIO, ¡CARAMBA NO SE PIDE MEDICACIÓN, SÓLO AGUA JABÓN Y CAL! Y a pintar con cal el interior de la vivienda y lavarse y lavar todo con agua y jabón constantemente.
¡Ah! Y vos pibe deja la "birra" el "porro" o el "paco" y andá a dar una mano de cal a la casilla, el frente de la casa, los árboles de tu vereda o la tierra apisonada a la salida de las viviendas.
SALVEMONOS ENTRE TODOS Y PONGAMOS FIN A ESTA GRIPE PORCINA YA.